Courier del Orinoco # 61

Noticias del 20 de marzo al 12 de abril de 2021

Editorial

En las últimas semanas los grandes problemas de la sociedad estadounidense cubiertos por la prensa giran en torno a las violentas manifestaciones de un renovado racismo anti asiático que ha provocado decenas de víctimas fatales en los últimos meses. Al respecto, conviene recordar que esta particular manifestación de racismo no es nueva en la sociedad estadounidense, como tampoco lo es la migración asiática hacia este país. De tal suerte, las violentas manifestaciones discriminatorias que ha sufrido la comunidad asiático-americana en los últimos meses no es más que la expresión del carácter profundamente segregacionista que sigue vivo en la sociedad estadounidense y que ha sido vigorosamente alimentado en los últimos meses por la infausta asociación entre la pandemia por Covid-19 y su pretendido origen asiático. Y como un tema lleva a otro, la gravedad de este asunto y de los ataques contra ciudadanos asiático americanos, ha despertado un viejo pero siempre vigente debate en la sociedad estadounidense sobre el uso de las armas en manos de civiles. En este sentido, múltiples voceros han hecho pública su posición sobre el tema, incluido el Presidente J. Biden, quien además de calificar el problema del racismo y de los constantes tiroteos mortales como una vergüenza para el país, ha propuesto algunas modificaciones reglamentarias al porte y uso de armas de fuego… tan discretas, que han terminado por levantar una nueva ola de críticas que de seguro azuzarán el debate por algunos días más. 

En segundo plano de estos dos grandes temas, la prensa recoge en estos últimos días otro gran conflicto de la sociedad estadounidense, que es la migración por la frontera sur. Y es que a pesar de algunas medidas tomadas en los primeros días de la nueva administración, las organizaciones defensoras de los derechos humanos se lamentan amargamente de que aún no se hayan materializado las promesas de reunificación de las familias separadas y de atención integral de los menores no acompañados, con lo que, no solo no se ha aliviado la crisis migratoria, sino que se ha potenciado peligrosamente. 

Esto desde el punto de vista de la conflictividad social. En términos de la actualidad política resalta la cobertura de la prensa a la firma de la Ley de derecho al voto suscrita por el gobernador de Georgia, que tal y como se recordará, fue uno de los estados claves en la última contienda electoral. A decir de los expertos, esta ley conculcaría o al menos limitaría el derecho al sufragio anticipado y por correo. Como es de imaginarse, su aprobación fue enérgicamente aplaudida por el ex Presidente D. Trump y duramente criticada por el Presidente Biden. Más allá del alcance real de la ley lo más relevante de esta noticia es que demuestra la influencia que sigue ejerciendo y seguirá ejerciendo el ex Presidente Trump, y la vigencia del debate sobre el sistema electoral.

A caballo entre la actualidad política y la económica encontramos el gran tema de los últimos días: el faraónico plan de infraestructura que ha propuesto el Presidente Biden a la imagen y semejanza del “New Deal” de F. D. Roosevelt. 

Planteado con un costo global de 10 billones de dólares en 10 años, el plan debería financiarse con un aporte inicial de 2 billones de dólares que habrían de ser colectados a través de una política impositiva sobre las grandes empresas que las pecharía de un 28%. Según las declaraciones del propio Presidente, el plan no se restringiría a la infraestructura convencional de puentes y autopistas sino que abarcaría también la infraestructura de las telecomunicaciones. A la par de estos anuncios la administración Biden-Harris, han anunciado además la puesta en marcha de un gigantesco plan de empleos, que, como es obvio, va de la mano del plan de infraestructura. Las reacciones no se han hecho esperar y van desde la aprobación entusiasta de figuras como Joseph Stiglitz y la sobria validación de Jeff Bezos, hasta la anticipada resistencia de algunos sectores republicanos en el senado. 

En lo que se refiere a la relación entre Estados Unidos y Venezuela, destacan en los últimos días tres grandes temas: por un lado, un nuevo informe de los Estados Unidos sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela que tendría por objetivo contrarrestar los últimos informes sobre el efecto devastador de las sanciones en el pueblo venezolano. Por otro lado, la creciente conflictividad fronteriza entre Venezuela y Colombia, que deja hablar de minas antipersonales, desplazados, grupos ilegales y violación de soberanía, como quien alimenta el terreno propicio a la vez para una escalda militar y para la acción humanitaria. En fin, destaca la atención que la prensa le sigue prestando a los recursos empleados por el Gobierno del Presidente Maduro para evadir las sanciones, en particular, el recurso a la relación con Irán. 

En cuanto a la materia petrolera destaca la tendencia sostenida a la baja del precio del crudo, la que se explica por efecto del recrudecimiento de la pandemia y la consecuente desaceleración de la actividad económica, pero también por el anuncio de la OPEP de que incrementará la producción y el recurso a los inventarios baratos acumulados en meses pasados. En este sentido, importa destacar además la tendencia, igualmente decreciente, de la producción de crudo en Estados Unidos que se explica de una parte por los niveles de almacenamiento de combustible y por el anuncio del Presidente Biden de que eliminará el subsidio de 35 mil millones de dólares que el Estado Federal seguía otorgando a la producción petrolera. Finalmente, es noticia el incremento de la exportaciones de crudo de Irán a la India, en correspondencia con la política de este país de continuar diversificando sus socios comerciales.

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